Definición:
La Contraloría Social es una iniciativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social se define como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
El objetivo de la Contraloría Social se establece como una práctica transparente y de rendición de cuentas que contribuye al logro de objetivos y estrategias en materia de política social, con la finalidad de prevenir a tiempo posibles irregularidades o desvíos de recursos y combatir actos de corrupción.
La Universidad Autónoma de Guerrero convoca a los beneficiarios de los Programas Federales: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE); y Programa de Becas de la CNBES y CBSEMS; para que se organicen y formen parte de los Comités de Contraloría Social.
¿Quiénes participan?
Los actores fundamentales en el desarrollo de la Contraloría Social son:
La Instancia Responsable recae en la figura de la Secretaria de la Función Pública (SFP), quien brinda asesoría en materia de Contraloría Social a los entes que ejercen recursos públicos.
La Instancia Normativa está representada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien desarrolla la Contraloría Social a través de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Los Ejecutores o Instituciones de Educación Superior (IES), se encargan de ejercer los recursos públicos de los programas federales, mediante la realización de obras, entrega de apoyos y servicios que proporcionan. Además, desarrollan la Contraloría Social a través de la constitución de Comités.
Los Beneficiarios son todas aquellas personas que reciben de un programa federal apoyos en dinero o especie; como servicios, acervo bibliográfico, honorarios, materiales, infraestructura académica, salud, educación, capacitación, entre otros. Estas personas pueden integrarse a un Comité de Contraloría Social para evitar y prevenir actos de corrupción e impunidad.